Por: Freddy Machado
El mínimo derecho que tiene una persona ad portas de su jubilación es que se les permita tramitar la inclusión en nómina de pensionado antes de ser desvinculado de su cargo. Eso equivale a una salida digna y se tiene como una “transición” que posibilita al trabajador, no sólo adaptarse a su nueva condición sino también que garantiza su mínimo vital. En ese entendido, todas las empresas -públicas y privadas- reconocen esa “transición” y hasta diseñan programas en busca de sensibilizar al empleado, justo cuando se aproxime tanto a la edad como al tiempo de jubilación.
En la Fiscalía, por el contrario, con el pretexto de dar cumplimiento a un concurso de méritos -de un día para otro-, se les declaró insubsistentes a un grupo de servidores prejubilables o que ya tenían cumplidos su tiempo de servicio.
En verdad, la ley laboral colombiana consagra que el reconocimiento de la pensión es justa causa de terminación del vínculo laboral. Sin embargo, las Cortes -Constitucional y Suprema- han condicionado la legitimidad de esa terminación de contrato, precisamente a que el trabajador se encuentre incluido en nómina como pensionado.
Importa aclarar que, en esos casos, si el trabajador no solicita la pensión, el empleador está facultado para hacerlo.
La idea es que todos esos servidores que por muchos años prestaron su fuerza laboral se les permita una salida digna, como ya se dijo, y sin mayores sorpresas. La acción de la Fiscalía resulta mal intencionada, no solo por lo abrupto de los despidos sino porque se ha filtrado -circula- un banco de datos en el que se da cuenta de un número significativo de personas que están en la misma condición. Si la idea era producir más zozobra en los servidores, lo han conseguido con creces.
Independientemente de este mal clima laboral -o dinámica de despidos-, no podemos olvidar las contradicciones del Fiscal General de la Nación. Ocurre que Barbosa ha dado un giro de 180o en su postura en perjuicio de sus servidores. Recordemos que el gerente de la Fiscalía siempre se negó a cumplir con el concurso de mérito, hasta que el buen Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo declarara en desacato.
El Fiscal General, inicialmente, se auto-proclamó como el “defensor” de los trabajadores del ente acusador, negándose a despedir a sus antiguos servidores y los judiciales, comprometidos por años con el ente acusador, se lo agradecieron.
Y, esa postura enérgica de Barbosa está documentada (existen videos) y los servidores se “confiaron” por estar convencidos del liderazgo de su Jefe y su estilo “protector”. En su momento, en agradecimiento, algún presidente de un sindicato de provincia expresó abiertamente que su asociación se declaraba como “escuderos” del distinguido Fiscal General.
Era lógico tanto optimismo de los judiciales en atención a todos los anuncios de declaratoria de resistencia de Barbosa, y sus indelicadezas para con el concurso de méritos, especialmente cuando en el imaginario de los trabajadores existía la creencia de que la razón por la que Barbosa no llenaba las vacantes presentadas en la entidad con la ocurrencia de muertes, jubilación y renuncia de los servidores, se debía a que todos esos puestos los estaban reservando para cumplir con el concurso de méritos.
Si señor, los servidores aceptaron las afugias y las limitaciones en la planta de personal (una mayor carga laboral) porque supuestamente Barbosa había diseñado una estrategia para evitar una masacre laboral provocada con ocasión del concurso. Es decir, todos éramos testigos de que el Fiscal General “atesoraba” las vacantes muy a pesar de las necesidades del servicio. Ese ejercicio de “defensa”, resultó un despropósito pues los puestos del concurso (500 cargos) no los llenó la Fiscalía con los vacantes reservadas sino con los provisionales más antiguo (generó vacantes con las personas que estaban por pensionar).
Y lo peor, Barbosa siguió nombrando “a dedo” a sus recomendados a sabiendo que tenía un compromiso con el mérito.
No estamos exagerando. Si un ciudadano presenta un derecho de petición podría obtener información suficiente para confirmar que desde hace unos seis meses hasta hoy, en la Fiscalía se han nombrado en provisionalidad más de 500 judiciales. Esto indica que el interés de Barbosa no era guardar los cargos para nombrar a los servidores de Concurso sino para garantizar al Fiscal General cierta “bolsa de empleo” para su uso discrecional en este año electoral.
Y algún defensor del Fiscal puede intentar justificar ese proceder resaltando que se realizaron algunas promociones de los servidores, pero eso es un derecho que no se puede negar a los trabajadores (de todas formas se debe verificar si el ascenso se condicionó a la renuncia del cargo de carrera).
En definitiva, la cosa está así: El Fiscal está en desacato y por andar “mamando gallo” al concurso de mérito, se le juntaron los escenarios -concurso y año electoral- y la cabulla se partió por el lado más delgadito: los servidores más antiguos.
El colmo es que ASONAL JUDICIAL, con suprema anticipación, le anunció a Barbosa un plantón el día 30 de marzo de 2023, cuestionando sus políticas laborales y en especial, para descalificar la desvinculación de los prepensionados que no han tramitado su inclusión en nómina. La Fiscalía ripostó ordenando una tarde deportiva y lúdica con el fin de distraer a los servidores de su problemática y del plantón de Asonal.
Sin duda, estamos ante una flagrante conducta antisindical pues Barbosa que se jacta de ser un constitucionalista no podía desconocer ese derecho de Asonal Judicial. Esa visión permite dimensionar el talante de Barbosa pues semejante postura antisindical dejan en evidencia su equivocada postura ante protestas legítimas.
En un año electoral -2023- la planta de personal de la Fiscalía está expuesta a los apetitos burocráticos de los políticos y no podemos desnaturalizar la misión de la Fiscalía. La transparencia debe primar en la Rama Judicial para no contaminarse. Todas esas contradicciones del Fiscal Barbosa, son las que tienen a los afiliados de ASONAL JUDICIAL gritando en los plantones: FISCAL BARBOSA, POR AHÍ NO ES LA COSA!!!
LA ÑAPA/LA TAPA: trasladar a una Fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena a la Unidad del Magdalena medio, es solicitarle la renuncia. Máxime si la Fiscal es una Fiscal premiada por la misma Fiscalía. La protesta de sus compañeros de Cartagena lo dice todo, especialmente cuando se garantiza el arraigo a la Directora Seccional que desde inicios de siglo funge como “Jefe pluma blanca”, como llaman en Cartagena al Director desde cuando el suscrito laboraba como Fiscal.
