Por: Freddy Machado.
En estos momentos todos están hablando de las bondades de la virtualidad. Unos dicen que llegó para quedarse y otros, para justificar su importancia, apelan a las palabras de moda: reinventarse, resiliencia y empatía.
El discurso entonces es, que tenemos que reinventarnos, que debemos ser resilientes y en especial, que se requiere empatía con la tecnología pues debemos conectarnos con una nueva cultura.
En materia de justicia y de país judicial, lo “bueno” -si algo tiene de bueno la pandemia-, es que nos impuso un nuevo orden en el que priman dinámicas fascinantes y un lenguaje distinto tal como se puede advertir: ambiente web, sitio web, plataformas, micro sitio, expedienté digital, herramientas telemáticas, hipervínculo, nube, etc.
Si revisamos leyes y códigos recientes, no podemos negar que existían preceptos que autorizaban esa modernización pero siempre faltó voluntad política y suficiente presupuesto para materializar esa virtualidad.
El nacimiento de una nueva cultura, por lo general, genera resistencia y mucho más cuando ese nuevo escenario irrumpe con el fin neutralizar los estragos de una impactante pandemia que ha cobrado muchas vidas.
En estas circunstancias, los gomosos de la tecnología están felices mientras que el resto de los mortales deambulamos en un escenario de “¡sálvese quien pueda!” Me refiero al universo de servidores judiciales, litigantes y demás usuarios de la justicia.
La polarización es tal que existen dos bandos: los que desean que siga primando la virtualidad en materia de justicia y los que solicitan a gritos que regresemos a la presencialidad.
Y también pululan los tibios. Esos que insisten en que se debe articular lo mejor de cada uno de las dos visiones: virtualidad vs presencialidad.
Lo único cierto es que la tecnología tiene los mismos efectos de una “adicción”, pero positiva. Es decir, una vez conoces todo ese potencial y el sinnúmero de ventajas de la tecnología, no puedes desecharla. Sin embargo, siempre debe tenerse en cuenta el contexto y el momento que se vive pues, como ya se dijo, estamos ante una de las pandemia más mortales que haya conocido la humanidad.
Se sabe que los edificios judiciales no tienen las mejores condiciones sino que son una especie de “trampa mortal” que favorece a tan maligno virus: hacinamientos, espacios cerrados, exceso de papel (manipulación constante), baños muy limitados, etc. A lo anterior se debe agregar, por su incidencia, la gran cantidad de servidores judiciales -también abogados litigantes y usuarios- que en atención a su edad, presentan muchas comorbilidades.
Sin duda, es una discusión que apenas empieza y que se agravó con la directiva presidencial No 04 de fecha 9 de junio de 2021, en la que se invita a la reactivación de las actividades presenciales, justo cuando Colombia
transita por uno de los picos más altos de la pandemia y después de mantenernos en cuarentena durante casi todo el 2020.
Menos mal que existe la división de poderes y la rama judicial es autónoma e independiente para decidir las políticas sanitarias más convenientes.
Es bueno decir que coincidimos con la postura de los miembros del Colegio de Abogados Penalistas y la Corporación Excelencia en la Justicia, en cuanto a que no puede considerarse en este momento, el volver a la presencialidad y que debe seguir priorizándose la dinámica de la virtualidad. La ponderación que debe hacerse guarda relación con la tensión que se presenta entre Derecho a la Vida y a la Salud vs acceso a la justicia.
Nadie discute que el mejor escenario para el ejercicio de la justicia corresponde a la presencialidad pero también es cierto que mientras no mejoren las condiciones y nuestro país no se haya cumplido en un 100% con el plan de vacunación, no se puede poner en riesgo a tantas personas y a sus familias.
En próxima edición volveremos sobre las fortalezas de la virtualidad desde un punto de vista humano, práctico e institucional pero también sus deficiencias y limitaciones. Quedamos atentos.com.