El Concejal del Partido de la U, César Pión, se refirió a los recientes señalamientos y requerimientos penales de la fiscalía general de la nación luego de solicitar condena en establecimiento carcelario en su contra y del exconcejal Américo Mendoza Quesepp, porque al parecer ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas concejales en 2012.
El ente investigador hizo la petición en el marco de los alegatos de conclusión del juicio que se adelanta ante un juez de Cartagena. En 2015, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción en contra de los dos hombres.
El concejal Pión en un comunicado manifiesta que:
1. Este proceso que data del 2012 es un proceso en el cual se dieron algunas omisiones como la no inclusión de las dos sentencias efectuadas por la procuraduría regional de Bolívar y de la Nación en las cuales fuimos eximidos disciplinariamente por no haber cometido error alguno.
2. Fuimos absueltos en primera y segunda instancia por parte de la Procuraduría General de la Nación.
3. De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, queremos decir que esto es un acto administrativo aclarado, que nunca se pagó, y aparte de eso es normal que la fiscalía que ha venido acusando continúe con el papel que tiene que hacer.
El concejal agregó que en este caso se expusieron los conceptos y criterios, donde se debe esperar la decisión del juez, “esto es un delito que no ha sido probado y confiamos en la justicia de nuestro país. Tenemos nuestra conciencia tranquila, somos víctimas de la persecución política constante a la cual hemos sido sometidos por ser controvertidos”, finalizó Cesar Pión.
