Tasa interna de retorno pactada con la Concesión Vial se habría cumplido desde 2013, según la Contraloría
Cartagena de Indias, D. T. y C., 26 de enero de 2021.- El alcalde, William Dau Chamat, dio a conocer hoy que desde 2013 se habría cumplido la tasa de interna de retorno pactada con la Concesión Vial del Corredor de Carga.
El Alcalde explicó que a su despacho llegó el auto 0020 del 8 de enero de 2021 realizado por la Contraloría General de la República, un documento de 366 páginas que describe todo el proceso que llevó a cabo este ente de control para determinar si en efecto se había cumplido la tasa interna de retorno y establecer el monto del presunto detrimento patrimonial.
“Quiero decirles que yo mismo me llevé tremenda sorpresa cuando descubrí, entre las páginas 128 y 129, que la Contraloría General de la Republica describe que la TIR se logró entre los años 14 y 15 de la concesión, esto es entre los años 2013 y 2014. ¡Así como lo oyen! Mientras el comité antipeajes y todos los ciudadanos que dieron esta lucha, discutían si se había logrado o no la TIR a partir de 2015, resulta que, en concepto de la Contraloría, esto ya había pasado 2 años antes, es decir, que, de 2013 a la fecha la Concesión Vial, presuntamente habría cobrado de manera ilegal a los cartageneros que se movilizaban sobre estas vías, ¡por más de 7 años! No hay derecho a ser tan desalmados con la ciudad”, precisó el mandatario.
Textualmente el auto de la Contraloría dice: “Del citado conjunto de ajustes se obtuvo un flujo de caja en el cual el cumplimiento de la tasa interna de retorno ocurre en un punto intermedio entre los cierres del año 14 y del año 15 en el horizonte del modelo (enero de 2013 y enero de 2014), de modo tal que en ese período anual se alcanza el umbral de TIR de 17,22% con un flujo de caja cuya magnitud es $12.913.011.032, a precios de octubre de 1997. Así entonces, la afectación fiscal, es decir, el valor neto recibido de más por el concesionario sobre la convención contractual de alcanzar la citada TIR, queda constituida por dos partes. Una es el tramo del año 15 pagado en exceso, equivalente a $ 2.100.687.000; y la otra corresponde a los flujos netos de caja de los años 16 al 21, hasta el corte anual de enero de 2020, los cuales acumulan un monto de $ 87.300.881.125. Al sumar las dos cantidades se obtiene la afectación fiscal total, por valor de $ 89.401.568.125 a precios de octubre de 1997”.
Posición como Alcalde
El Alcalde Dau señaló que de comprobarse definitivamente lo que hasta ahora ha dicho la Contraloría, hará “todo lo posible para que este robo a mano armada al pueblo cartagenero no quede impune.”
“Con mi equipo técnico y jurídico he estado reunido todo el lunes y el martes preparando las acciones legales que resultan procedentes, e iniciaremos con aquellas que legalmente pudieran generar efectos inmediatos y no se encuentren necesariamente sujetas a acciones contractuales que resultan muy demoradas dada la gravedad de la situación”.
Explicó que se debe tomar en cuenta que, en el marco del contrato suscrito con el concesionario, se pactaron una serie de cláusulas que impiden que de forma inmediata la administración de manera unilateral termine o suspenda ese contrato, por lo que hay que explorar opciones que generen resultados más pronto.
Igualmente, hizo un llamado en el sentido que ese derecho sagrado a protesta que legítimamente se está haciendo uso por parte del pueblo cartagenero, sea ejercido de manera pacífica. “Es un derecho que ni yo, ni ninguna autoridad puede impedirle ejercer a ciudadanos libres como lo es mi amado pueblo cartagenero que ya rompió las cadenas que lo mantenían frustrado en todo un mundo de corrupción de intereses mezquinos. Debemos recordar que los empleados que prestan sus servicios en casetas u oficinas de la concesión, son igualmente víctimas como lo somos todos y no puede permitirse ningún tipo de agresión hacia ellos”, dijo.
El Alcalde Dau envió un mensaje de confianza, y es que dará la lucha necesaria, desde lo jurídico para que se haga justicia. Siempre he sido del concepto que estos peajes debieron dejar de existir hace varios años, una opinión que es reforzada ahora por la propia contraloría general de la república y, por lo tanto, esta administración hará todo lo que legalmente esté a nuestro alcance para que la ley se cumpla”.