Bogotá, 3 de diciembre de 2020. De acuerdo al Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI) la población con discapacidad históricamente ha sido excluida del ámbito laboral, ya que enfrenta barreras de distinto tipo que significan, en la práctica, entornos laborales discriminatorios. Sin lugar a dudas, la gran barrera que enfrenta este grupo poblacional es el desconocimiento que el sector empresarial y la sociedad en general tiene sobre sus reales características, necesidades y potencialidades. Esto hace que, incluso, desde el acceso a los diferentes servicios, que como ciudadanos tienen derecho, estén excluidos por prejuicios, enfoques asistencialistas y falta de ajustes razonables. Según datos del Censo 2018 del DANE, en Colombia la prevalencia de población con alguna discapacidad es del 7,2% de la población.
En materia laboral, el escenario para las personas con discapacidad en el país no es nada alentador. Según el DANE (2018), solo el 26,7% de las personas con discapacidad refirió haber tenido un trabajo remunerado, mientras que el 64,1% refirió no recibir ingresos frente a su trabajo, lo que deja a más del 50% de las personas con discapacidad sin ingresos. La pandemia de la Covid-19 ha disparado el desempleo de la población general en Colombia hasta niveles no vistos en más de dos décadas, a pesar de no existir cifras específicas hasta el momento, se teme que la crisis haya empeorado aún más el desempleo en personas con discapacidad.
“La inclusión de personas con discapacidad no es solo cuestión de brindar infraestructura en las empresas para que las personas puedan acceder a los ambientes laborales. Se deben cambiar paradigmas, se debe reconocer el potencial de sus competencias para desarrollar oficios de una forma productiva y hacerlos parte integral de la cadena de valor de las organizaciones” dice Daniel Uribe, Director Ejecutivo de Fundación Corona.
En Colombia, existen varias organizaciones o iniciativas que se encargan de trabajar con la población con discapacidad, una de ellas es “Pacto de Productividad”, una alianza público privada de Fundación Corona y Fundación Saldarriaga Concha, que cuenta con socios como el Ministerio del Trabajo, el SENA y cuatro cajas de compensación familiar: Cafam en Bogotá, Comfenalco Antioquia en Medellín, Comfandi en Cali y Comfamiliar Risaralda en Pereira. Entre los aliados se encuentra la ANDI, ACOPI, FENALCO y COMFECAMARAS. El Programa además tiene la alianza de la Red Pacto Global Colombia y la participación activa de entidades públicas y privadas, así como de organizaciones de personas con discapacidad y tiene como objetivo diseñar, validar y sistematizar un modelo de inclusión laboral, replicable y sostenible que permita la contratación de personas con discapacidad en un mercado laboral abierto de manera efectiva y productiva, a través de la transformación, cualificación y encadenamiento de la oferta de servicios relacionados con la inclusión laboral.
“Las empresas y las personas tienen muchos imaginarios asociados a las personas con discapacidad. Consideran que la discapacidad es sinónimo de falta de habilidades y competencias y la realidad es muy diferente, desde la Saldarriaga Concha lo venimos demostrando hace muchos años” dice Soraya Montoya, Directora Ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha.
Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) en 2019, el 52% de las personas con discapacidad registradas estaban en Bogotá, Valle del Cauca, Santander y Nariño. Mientras que según el Censo 2018, los departamentos con mayor prevalencia de población con discapacidad eran Nariño con el 11,5%, Cauca con 10,9%, Putumayo 10,5% y Huila con 9,7%. Por otra parte, los que reportan menos prevalencia son San Andrés y Providencia con 1,3%, La Guajira 3,1%, Vichada 3,4% y Amazonas y Atlántico con el 4,1%.
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Programa Pacto de Productividad en 13 agencias de empleo, de las principales ciudades del país que recibieron fortalecimiento técnico, se encontró que en el 2015 se registraron un total de 348 personas con discapacidad, 2016 fue el año con más registros con 1149, 2017 con 686, 2018 con 756, 2019 con 902, mientras que en lo corrido del 2020 solo se han registrado 320. El 2020 tiende a ser un año que termine con muy bajas cifras de registros, explicado en gran parte por la pandemia de la Covid- 19 y otros factores de normatividad que enfrentan las agencias de las cajas de compensación.
En el marco del desarrollo de Pacto de Productividad, se han detectado barreras para que la población con discapacidad acceda al mercado laboral a través de los centros de empleo, entre los que se encuentra la capacitación a equipos y la actualización permanente de conocimientos sobre inclusión laboral. Se hace necesario que los centros de empleo accedan a las diferentes herramientas disponibles para facilitar su trabajo, tanto con las empresas como con las personas con discapacidad. En otros casos, la falta de relevancia que se le da a la inclusión de personas con discapacidad conlleva a que no exista una estrategia clara en cómo promover la contratación de esta población. La inclusión laboral de personas con discapacidad demuestra ser un proceso a largo plazo sobre el cual todavía hace falta hacer ciertos ajustes.
La situación socioeconómica de la población con discapacidad es preocupante. Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestran que el 70% de las personas que manifestaron tener una o más limitaciones de carácter permanente estarían ubicadas en las clases pobre y vulnerable y de acuerdo con el Censo 2018, el 93% de las personas con discapacidad pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; el 69,3% se encontraba en el régimen subsidiado.
“Hay una notable diferencia entre el número de registros y colocaciones que demuestra cómo el problema de la inclusión laboral no se encuentra en la oferta de buscadores de empleo con discapacidad, sino en muchos casos, en las barreras de acceso que enfrentan estos ciudadanos para ingresar al sector empresarial. Esto implica que esta población se encuentre, en su mayoría, en los sectores más vulnerables de la sociedad o con necesidades básicas insatisfechas” dice Alejandra León, Directora del Programa Pacto de Productividad.
Por otra parte, aproximadamente el 15% de las personas con discapacidad no alcanza ningún nivel de escolaridad, cerca del 10% alcanza a completar la básica secundaria y el 2% la básica primaria según el Sistema de Información Integrado de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección (SISPRO 2020).
Finalmente, el índice multidimensional de inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de la (FSC), indica que el 23% de las personas con discapacidad en Colombia están doblemente excluidas, es decir, no están teniendo acceso a servicios de educación, la salud y la vivienda y al mismo tiempo, son excluidos del mercado laboral y viven en condiciones de pobreza.
Foto cortesía: incorpora.org