El Consejo Gremial de Bolívar exhortó al distrito a que con la mayor celeridad estudie y defina la alternativa jurídica que permita prorrogar el contrato de actualización catastral de Cartagena que suscribió con Go Catastral, el cual vence el próximo 31 de diciembre.
En un comunicado los gremios destacan el desempeño de esa actualización catastral y plantean que debería adoptarse esa determinación hasta tanto la administración entrante, revise y adopte una decisión de mediano o largo plazo, que en todo caso no puede poner en riesgo el acceso a la información, la calidad y oportunidad de las respuestas respecto a los trámites y señala que entre dichas alternativas se encuentran la reserva presupuestal y el pago anticipado con garantía de cumplimiento.
COMUNICADO
Los gremios empresariales asociados al Consejo Gremial de Bolívar reconocemos en el servicio catastral multipropósito, uno de vital importancia para el desarrollo adecuado de las distintas actividades económicas públicas y privadas que se sustentan en él. Luego de que este servicio estuviera a cargo del IGAC con un equipo insuficiente y procesos poco eficientes, desde que Go Catastral asumió estas funciones hemos sido testigos directos de una rápida actualización tecnológica, avances en la disponibilidad y calidad de información, y en la oportunidad de respuesta en los trámites. Aunque este proceso de transición aún es susceptible de mejoras, ha sido sin duda, un acierto del Distrito.
Sin embargo, cualquier decisión en la materia no puede ser de corto plazo, ni generar demoras en los procesos y traumatismos que afecten el servicio catastral y predial, así como incertidumbres y retrocesos adicionales a la competitividad territorial que tantos temas debe superar.
Por lo tanto, exhortamos a la Administración Distrital a que con la mayor celeridad estudie y defina la alternativa jurídica que permita prorrogar el contrato con Go Catastral hasta tanto la Administración que inicie el próximo enero, revise y adopte una decisión de mediano o largo plazo, que en todo caso no puede poner en riesgo el acceso a la información, la calidad y oportunidad de las respuestas respecto a los trámites. Valga señalar que entre dichas alternativas se encuentran la reserva presupuestal y el pago anticipado con garantía de cumplimiento.
La decisión y deber del Gobierno actual es garantizar el servicio y asegurarse una transición en la que no haya riesgo de cesación o demoras injustificadas en este servicio esencial.
