Siete militares son investigados por presunta apropiación irregular de recursos de viáticos en Cúcuta
Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió detectar presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al pago de viáticos de un batallón de operaciones terrestres del Ejército Nacional, ubicado en Cúcuta, Norte de Santander.
De acuerdo con el ente acusador, siete integrantes de la institución militar estarían involucrados en la apropiación de dineros públicos mediante la presentación de informes y documentos que respaldaban supuestas comisiones de servicio en diferentes ciudades del país, algunas de las cuales no se habrían realizado.
Las inconsistencias fueron identificadas entre enero y abril de 2025, periodo en el que, presuntamente, se habría generado una afectación a los recursos públicos superior a los 10 millones de pesos.
Entre los hallazgos de la investigación se encuentran registros que habrían sido adulterados para justificar desplazamientos de uniformados que se encontraban en situaciones administrativas o que no cumplieron las actividades autorizadas. Además, se detectaron contradicciones entre los informes presentados y los registros institucionales de las unidades militares donde debían desarrollarse las comisiones.
Los investigados fueron identificados como el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
Según la Fiscalía, los uniformados se desempeñaban en diferentes áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón. Desde sus funciones, habrían intervenido en la elaboración, presentación y legalización de documentos para obtener el reconocimiento y pago de viáticos por desplazamientos que no corresponderían a las actividades autorizadas.
Las capturas fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.
Posteriormente, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos.
Un juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país y de comunicarse con los testigos de la investigación.
Los siete militares continúan vinculados al proceso judicial y se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión condenatoria en su contra.




