Sociedad civil urge al Congreso adoptar impuestos que prevengan los daños del alcohol

• Colombia tiene hoy una oportunidad histórica para tomar una decisión de salud pública que podría salvar miles de vidas y proteger a niñas, niños y adolescentes, tal como lo señala la Declaración de Sociedad Civil encabezada por Red Papaz, Fundación Anáas y la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

• La ausencia de un impuesto diseñado desde la salud pública perpetúa precios bajos que conducen a un mayor consumo y, por tanto, mayor mortalidad, discapacidad, desigualdades y carga financiera a nuestro sistema de salud.

• El alcohol es el principal factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad entre los 15 y 49 años. En Colombia, cada año mueren cerca de 10.000 personas por causas relacionadas con el alcohol en Colombia (PROESA 2023); en un contexto global, cada 10 segundos muere una persona por esta causa (OMS, 2023).

• El alcohol no solo genera graves daños a la salud, sino que también está asociado a siniestros viales, homicidios, violencia y deterioro de la convivencia, afectando incluso a quienes no consumen y aumentando los riesgos en la población.

• El consumo de alcohol inicia en promedio a los 13 años, una etapa crítica del desarrollo cerebral, mientras una de cada dos personas, entre 12 y 65 años, reporta haber consumido alcohol el último año (MinSalud – ENCE 2022).

• En 2022, Colombia alcanzó el máximo histórico de consumo aparente con 3.215 millones de litros de bebidas alcohólicas, acorde a estimaciones a partir de datos del DANE. La cerveza representa el 95% del consumo nacional y es uno de los productos más asequibles del país: con un salario mínimo se pueden comprar hasta 236 litros, reflejando cada vez más su asequibilidad (PROESA 2023).

• Esta declaratoria va de la mano con el lanzamiento de la campaña ¿Quién paga los daños del alcohol? para evidenciar que el país recauda aproximadamente más de 3 billones por impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, contrario al costo asociado a los daños del alcohol, el cual supera los 11 billones (PROESA, 2025).

Declaración de la Sociedad Civil: Presentación de las voces ciudadanas 

En Colombia la mayoría de personas aspiramos a lo mismo: que niñas y niños crezcan sanos, que el progreso se traduzca en bienestar concreto para cada familia, que nuestras comunidades sean seguras, y que las condiciones necesarias para una vida saludable y digna sean una realidad, no una promesa. Esa visión coincide con las metas que Colombia necesita para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad. Y, sin embargo, esa visión sigue lejos de alcanzarse en nuestro país porque el daño causado por el alcohol continúa creciendo e impactando negativamente la vida de millones de personas.

Cada año cerca de diez mil colombianos mueren o quedan con secuelas graves debido al alcohol. Lo más doloroso es que los más afectados son jóvenes entre los 15 y los 49 años, personas que deberían estar construyendo proyectos de vida, aportando a su comunidad y fortaleciendo el desarrollo económico del país, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es 13 años, siendo la cerveza la bebida alcohólica más consumida. Estos lamentables daños no son casualidad, ni se dan en el vacío. Ocurren en un entorno donde el alcohol invade todos los espacios físicos y digitales, donde es ampliamente promocionado con precios muy bajos, incluso mucho más bajos que los de muchos bienes esenciales, y donde se presentan de forma especialmente atractiva para los más jóvenes.

La combinación de un producto que es tóxico, cancerígeno y psicoactivo, con una industria que lo promociona de forma agresiva y a precios cada vez más accesibles, deteriora la salud y el bienestar de los colombianos y aumenta los costos sociales y económicos para el país. Las prácticas comerciales que sostienen precios bajos, maximizan la visibilidad del producto y lo presentan como parte natural de la vida cotidiana profundizan desigualdades, golpean con mayor fuerza a los hogares más vulnerables e impactan la productividad laboral. A esto se suma que esta carga no la sufren únicamente quienes consumen; también recae sobre quienes no lo hacen y que aun así enfrentan violencia, entornos inseguros, deterioro de la convivencia y siniestralidad vial.

En este momento Colombia carece de impuestos al alcohol diseñados con el propósito de proteger a la población de sus daños. El esquema tributario vigente aplica tarifas diferenciales que no corresponden con el riesgo de los distintos productos, otorga un trato preferencial a categorías que también son alcohol, como la cerveza, y deja por fuera productos que buscan atraer a adolescentes y jóvenes. Tampoco corrige el incentivo que existe hoy para promocionar alcohol cada vez más barato y asequible. Durante años, actores económicos han ejercido presión para impedir la adopción de medidas sustentadas en la evidencia y han bloqueado los ajustes necesarios para contar con una estructura fiscal justa y alineada con los objetivos de salud y desarrollo. Esa interferencia ha retrasado decisiones que podrían haber salvado miles de vidas. Frente a esta realidad, la inacción solo perpetúa inequidades y costos crecientes para el sistema de salud, las familias y el Estado.

Pero esto puede cambiar: la solución existe, es clara y funciona. Contamos con suficiente evidencia que demuestra que la medida más efectiva, rápida y equitativa para prevenir y reducir los daños del alcohol es diseñar los impuestos a estos productos de manera coherente con su nivel de riesgo y siguiendo las recomendaciones de las múltiples investigaciones libres de conflicto de interés. Un impuesto diseñado desde la salud pública reduce el consumo y previene daños para quienes consumen y para terceros, salva vidas, disminuye costos, genera ingresos para financiar prioridades nacionales, promueve la equidad, y favorece el bienestar de toda la población colombiana, especialmente de la niñez, la juventud, las mujeres y las familias de bajos ingresos.

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil y la academia hacemos un llamado firme y urgente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para:

• Rediseñar el impuesto al alcohol con un enfoque de salud pública, eliminando vacíos normativos y alineándose con el riesgo real del producto. En consecuencia, es indispensable que la cerveza sea incluida y abordada de forma adecuada.

• Aprobar un aumento sustantivo de los impuestos al alcohol, basado en evidencia y libre de intereses comerciales.

• Proteger el proceso de formulación de política pública frente a la interferencia de actores económicos cuyos intereses no coinciden con el bienestar de la población.

• Garantizar que los recursos generados se orienten a otras acciones de prevención, el fortalecimiento de la salud y el bienestar de la sociedad en general, prestando mayor atención a los más vulnerables.

• Y en consonancia con la Corte Constitucional, exhortar al Congreso de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social para que actualice la política pública de alcohol conforme a la mejor evidencia científica.

La ciudadanía quiere ser protegida de los daños del alcohol. Al país le urge avanzar hacia un futuro donde la salud, la vida y el bienestar estén por encima de cualquier interés comercial particulares. La evidencia existe. Las soluciones están claras. El momento de actuar es ahora.

Las organizaciones firmantes estamos listas para trabajar junto al Estado y las comunidades para proteger la vida, reducir inequidades y construir un país más justo, sano y próspero para todos y todas, PROTEGIDA DE LOS DAÑOS DEL ALCOHOL.

Declaración realizada por: Red Papaz, Fundación Anáas y Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Campaña ‘¿Quién paga los daños del alcohol?’, un llamado regional que llega a Colombia para evidenciar los daños del alcohol