La vil explotación sexual de niños

Por: José Consuegra

Defender a la niñez debe ser una premisa de todos los ciudadanos. Nos corresponde salvaguardar su integridad advirtiendo las situaciones sospechosas en los entornos cercanos, denunciando ante las autoridades competentes los delitos contra los menores y, sobre todo, exigiendo como sociedad su protección con normas y medidas verdaderamente eficaces y sanciones judiciales como las definidas para el oprobioso feminicidio, donde se lograron penas ejemplarizantes.

¿Qué clase de futuro puede tener nuestra sociedad si no cuida apropiadamente a sus miembros más importantes? Impunemente, en reiteradas ocasiones, la niñez continúa siendo violentada, abusada, maltratada y explotada de múltiples formas, bajo la mirada indiferente de la ciudadanía. Tristemente, existen algunos medios que facilitan el desarrollo de uno de los peores delitos contra los niños, como es la explotación sexual, tal como lo ratifica el reciente caso del estadounidense sorprendido con dos menores de edad en un lujoso hotel en Medellín.

Frente a este hecho particular, que ha tenido gran impacto mediático, el foco de las investigaciones y de las medidas impuestas no solo debe dirigirse hacia la judicialización del agresor, quien logró salir del país sin requerimiento judicial, y a las sanciones contra el establecimiento hotelero sino, principalmente, a orientar la capacidad estatal hacia las redes de turismo y explotación sexual.

Según lo documentado en investigaciones y en medios de comunicación, se trata de una despreciable industria bajo la cual los niños se encuentran a merced de proxenetas y de toda una cadena de criminales que se lucran de su inocencia. Estas redes que, incluso, tienen alcance transnacional, operan en ciudades con alta afluencia turística, pasos fronterizos, poblaciones pobres y donde persiste el conflicto armado, etc.

La falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad social, el no acceso a la educación, el abandono familiar, entre otras situaciones, hacen de los niños una población completamente inerme, lo que se suma a la escasa efectividad en la ubicación y judicialización de quienes operan estas redes criminales.

Entre 2020 y 2023, 1264 niñas, niños y adolescentes ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento de derechos como víctimas de explotación y violencia sexual en nuestro país, según datos del ICBF en un informe de Infobae. Colombia, además, ha sido señalada por la laxitud de sus normas para sancionar a los capturados por este delito, aspecto que también debe ser revisado cuidadosamente por los legisladores.

Defender a la niñez debe ser una premisa de todos los ciudadanos. Nos corresponde salvaguardar su integridad advirtiendo las situaciones sospechosas en los entornos cercanos, denunciando ante las autoridades competentes los delitos contra los menores y, sobre todo, exigiendo como sociedad su protección con normas y medidas verdaderamente eficaces y sanciones judiciales como las definidas para el oprobioso feminicidio, donde se lograron penas ejemplarizantes.