Concejales piden a la administración cesar ataques y centrarse en problemas de ciudad

Los concejales de Cartagena le volvieron a exigir a la administración Distrital respeto por esa corporación y cesar los continuos ataques que lanza  a través de los medios de comunicación.

El cabildante Fernando Niño,  al intervenir en la última sesión presentó un vídeo donde la asesora de despacho Lidys Ramírez hace declaraciones sobre mafias políticas y malandrines que históricamente se han apropiado de lo público y hace alusión a los concejales.

Dijo que el Distrito vive una autocracia donde el control político es constantemente atacado, por lo que solicitó a los entes de control iniciar investigaciones.

Al hacer uso de la palabra el concejal Rodrigo Reyes, propuso citar a la asesora pues esta incentivando en la ciudadanía odio contra los concejales y expresó que la Administración solo se ha dedicado a discutir con la Corporación, puesto que el Distrito se ha estancado en temas como vigilancia y alumbrado público. Sobre vigilancia y aseo, indicó que la Secretaría de Educación firmó OPS, aunque la ley no lo permite, y denunció que a estas personas no se les entregó una copia del contrato; en cuanto a alumbrado público, recordó que este mes debe iniciarse la licitación para contratación del servicio.

El cabildante Luis Cassiani hizo un llamado a los partidos declarados de gobierno para que inviten a la Administración a cesar los señalamientos contra el Concejo.

El concejal Oscar Marín expresó que ejercer control político a la Administración no es sinónimo de ser malandrines, e invitó a los funcionarios a concentrarse en temas como el de alimentación de reclusas, donde llama la atención que haya una ciudadana interesada en donar más de $2 millones diarios, por lo que debe asegurarse que, una vez adjudicado el contrato de alimentación, no busque recuperar su inversión.

La concejal Gloria Estrada manifestó su preocupación por la seguridad de los cabildantes, ya que hay constantes ataques e incitaciones de parte de la Administración, en lugar de enfocarse en problemas de ciudad.

Para el concejal César Pión esto es una estrategia política a la que la Corporación debe responder haciendo uso de los mecanismos legales y denuncias, sin embargo, destacó la importancia de entablar un diálogo con el Gobierno Distrital. Pión también denunció que la Administración condicionó la contratación de un funcionario para que denunciara prácticas corruptas, pero al no conocerlas se le negó el contrato.

Dentro de la misma sesión a solicitud del concejal Wilson Toncel se aprobó una proposición de las bancadas Cambio Radical, La U y Conservadora en la que citan a Corvivienda, Secretaría General, Secretaría de Hacienda, y otros para que se informe sobre el crédito público de $94 mil millones aprobado en 2019 para la construcción de las Etapas 3, 4 y 5 del proyecto Ciudadela de La Paz.

Lo anterior teniendo en cuenta que los recursos ya fueron depositados a cuentas del Distrito y Corvivienda no ha adelantado los trámites pertinentes, lo que podría ocasionar un embargo de los recursos, una sanción del Ministerio de Vivienda, detrimento patrimonial, etc.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para sesión secreta el lunes 10 de febrero de 2020; a las 10:00 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.