Voltaire y el sentido común – Caso Venezuela–EE. UU. (y la sombra sobre Colombia)

Por: Orlando Díaz Atehortúa

A Voltaire se le atribuye una frase que hoy resulta incómodamente vigente: el sentido común no es tan común. No porque las personas carezcan de razón, sino porque, cuando el poder irrumpe, a algunos ciudadanos les resulta fácil adaptarse a la arbitrariedad y convivir con las injusticias.

El ejemplo reciente es brutal. Un país extranjero invade a Venezuela, viola su soberanía y ejecuta una operación militar que deja decenas de civiles muertos. Además, se priva de la libertad a un presidente sin debido proceso. Todo ello ocurre sin autorización del Congreso del país invasor, sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU, sin orden de extradición y al margen del derecho internacional público. El mensaje es claro: la ley del más fuerte reemplaza al Estado de Derecho.

No se trata de defender al gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela existe una crisis profunda de derechos humanos y un proceso electoral ampliamente cuestionado. Pero incluso frente a un régimen autoritario rige un principio elemental: ningún presidente extranjero puede decidir quién gobierna otro país mediante la fuerza militar. Eso no es justicia; es arbitrariedad.

La zozobra se extiende por los otros países. Gobiernos y pueblos observan con inquietud el alcance del garrotazo. Algunos guardan silencio por temor o conveniencia; otros, la gran mayoría, expresan su rechazo frente a una arbitrariedad que amenaza con normalizarse.

El golpe, además, no se queda en Venezuela: la amenaza se desplaza. Tras la aberrante operación militar, el propio Donald Trump lanzó un aviso sobre Colombia; calificó a su presidente como un enfermo y, consultado sobre la posibilidad de una acción militar similar, afirmó que esa actuación estaba abierta. En otras palabras, normalizó la idea de repetir la misma fórmula: drones, bombardeos, muertes de civiles y la captura, sin debido proceso, de un jefe de Estado elegido mediante votación popular, todo bajo el lenguaje de una supuesta misión contra el narcotráfico que esquiva el derecho internacional público y los ordenamientos jurídicos internos.

Sin dejar de advertir que el mandatario del garrote ya tomó decisiones indulgentes a favor de un presidente centroamericano investigado por narcotráfico, mientras endurece su discurso y sus acciones cuando median consideraciones geoestratégicas o intereses sobre recursos naturales.

Lo más inquietante es el aplauso. Muchos venezolanos, parte de la dirigencia de ese país y sectores políticos colombianos, al igual que numerosos coterráneos nuestros, celebran la agresión como si la fuerza extranjera fuera sinónimo de libertad. Pecado grave contra el sentido común: se exige legalidad al débil, pero se suspende cuando el fuerte decide imponer su voluntad.

Esto no es un debate de derechas o izquierdas. Es una cuestión humana. Los pueblos tienen derecho a su libre autodeterminación, a su soberanía, a un debido proceso frente a sus mandatarios y a no vivir bajo la amenaza permanente de un garrote ajeno. Cuando se justifica la invasión, no se libera a nadie: se cambia una jaula por otra.

Adenda:

Es un miserable despropósito que diga Trump que Petro es un narcotraficante, cuando ha sido el presidente de Colombia que más ha luchado contra este flagelo.

Al filibustero Trump se le está quitando su careta: en la reunión de la ONU del 5 de enero, Rusia y China alzaron su voz en contra de la barbarie y la arbitrariedad del presidente que mal gobierna los Estados Unidos.

Orlando Díaz Atehortúa

Columnista

Pedrisperez50@gmail.com