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El Movimiento Ampliado de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar a través de un comunicado denunció los presuntos abusos, desaparición y torturas de la policía Metropolitana de Cartagena contra quienes ejercieron el libre derecho a la protesta pacifica durante la marcha realizada para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.
En un comunicado a la opinión pública rechaza igualmente la violencia ejercida contra quienes se movilizaron en esta fecha y afirma que «Los testimonios que recogimos durante la jornada de protesta del primero de mayo nos hablan de 27 hombres, la mayoría de ellos jóvenes y algunos menores de edad, detenidos ilegalmente en la estación de la Policía del barrio Los Caracoles, luego de una brutal persecución en la que agentes policiales utilizaron sus motos para amedrentar a los manifestantes».
Así mismo les preocupa la desaparición de Lorena Rodríguez, una joven que también participaba en las movilizaciones, sufrió una herida en su cara y fue obligada a subirse en un carro policial. En estos momentos se desconoce su paradero.
El comunicado dice lo siguiente:
RECHAZAMOS LA VIOLENCIA Y EL ABUSO POLICIAL CONTRA LAS PERSONAS QUE SE MOVILIZARON EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EXIGIMOS RESPUESTAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES QUE FUERON ABUSADAS MIENTRAS PROTESTABAN PACÍFICAMENTE
Cartagena de Indias. 1 de mayo de 2021. Como Movimiento Amplio de Mujeres y Feministas, rechazamos las agresiones cometidas por la Fuerza Pública en el Día Internacional del Trabajo contra las personas que salieron a ejercer su derecho a la protesta pacífica en Cartagena de Indias y exigimos que cese la violencia por parte
de la Policía y el ESMAD hacia la población civil.
Los testimonios que recogimos durante la jornada de protesta del primero de mayo nos hablan de 27 hombres, la mayoría de ellos jóvenes y algunos menores de edad, detenidos ilegalmente en la estación de la Policía del barrio Los Caracoles, luego de una brutal persecución en la que agentes policiales utilizaron sus motos para
amedrentar a los manifestantes.
Si bien estas 27 personas ya fueron dejadas en libertad, mientras estuvieron detenidas fueron torturadas hasta dejarles hematomas en diversas partes de su cuerpo. Como consecuencia de estas acciones -perpetuadas por el ESMAD y la Policía- que a todas luces violan los derechos humanos, hay varios heridos de gravedad, entre ellos un joven que fue trasladado al hospital universitario y que convulsionó cuatro veces por causa de los golpes que recibió.
Asimismo, un joven perteneciente a la barra del Real Cartagena, oriundo de Magangué, fue golpeado con ferocidad y diversos relatos por parte de la comunidad coinciden en que un hombre vestido de civil saltó sobre su cabeza y amenazó con matarlo delante de la Policía.
Además de estos hechos, que por demás violan el Estado Social de Derecho, a esta hora nos preocupa la desaparición de Lorena Rodríguez, una joven que también participaba en las movilizaciones, sufrió una herida en su cara y fue obligada a subirse en un carro policial. En estos momentos se desconoce su paradero.
De igual forma, los testimonios confirman que dos mujeres han sido víctimas de agresión sexual y varias fueron atacadas brutalmente por parte de la Fuerza Pública. Sobre ellas no tenemos certeza sobre su paradero.
Nos inquieta el uso del cuerpo de las mujeres para restringir la movilización y protesta social. En efecto, los actos de violencia sexual cometidos por la policía actúan como una forma de control y mensaje social dirigido a todas nosotras, sugiriendo que nos exponemos a este tipo de agresiones si ejercemos nuestro Movimiento Ampliado de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar derecho a la protesta. Estos repertorios patriarcales de violencia buscan intimidarnos para evitar la masificación del paro.
Nos preocupa también que en todo este proceso la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar no ha estado presente para ayudar a frenar estas acciones y agresiones cometidas contra las personas que ejercen su derecho a la protesta en un momento en que el país experimenta una profunda crisis por cuenta del recrudecimiento de
la violencia en los territorios y la falta de respuesta del gobierno ante el caos social y económico que se profundiza con la pandemia.
Como mujeres y feministas rechazamos la violencia hacia la población civil, exigimos al Estado garantizar el respeto a la vida, a la movilización pacífica y salvaguardad la dignidad de todas las personas que han salido a protestar como consecuencia de la crisis. De manera específica rechazamos la violencia y los abusos que han sufrido las mujeres que participaron en las protestas y exigimos respuestas frente a estos actos.
Finalmente, exigimos que se realice una investigación exhaustiva para determinar quiénes han sido los responsables de cometer estos actos de modo que puedan ser judicializados y pedimos garantías para que el derecho a la protesta pueda ejercerse en libertad sin la amenaza de la represión desmedida y desproporcionada por parte de las Fuerza Pública.
