Fiscalía entregó estado de denuncias por caso de Chiquita Brands

Después de un debate judicial, entre el abogado Erick Urueta Benavides y la Fiscalía General de la Nación, en donde un Juez y magistrado de Bogotá obligó a esa entidad a entregarle la información sobre el estado de los procesos en contra de exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands, se dio a conocer, en qué Fiscalías de Colombia se encuentran los procesos en contra de los antiguos directivos de dos filiales de Banadex y Banacol, entre estos procesos por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a presuntos pagos millonarios que habrían ido a manos de cooperativas de vigilancia privada que en muchos casos estaban relacionados con grupos de autodefensas. 

A Continuación, Fiscalías y Estado de los procesos:

El cuadro arroja la siguiente información:

1. En 10 Fiscalías, se adelantan o adelantaron las investigaciones en contra de los directivos, distribuidas así: 2 Medellín, 1 Rio Negro, 1 Bello, 1 Quibdó, 1 Apartado, 1 Sincelejo, 2 Bogotá.

2. De las 10 investigaciones solo 4 están activas y 6 inactivas, estas últimas se clasifican en 1 por acuerdo, 1 no existió el hecho y 4 archivadas por no encontrar el sujeto pasivo.

3. De las 4 ACTIVAS se distribuyen así: 1 Rio Negro, 1 Quibdó, 1 Medellín y 1 Bogotá.

4. De las 4 activas 2 se adelantan ante Fiscales especializados y 2 ante Fiscales locales.

Recordemos que esta información, fue gracias a la intervención de la Veeduría a la Rama Judicial VEJUCA quien, mediante sentencias judiciales, ante los jueces de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó a la Fiscalía a que le entregase la información de estos procesos y en qué fiscalías se encontraban.

Dado lo anterior, la Veeduría a la Rama Judicial – VEJUCA, se constituirá en parte dentro de los procesos activos, para ejercer el control social y ciudadano y verificar que los procesos activos no vayan camino al archivo o a la impunidad.

Urueta, dijo que para esa veeduría es preocupante cómo estas fiscalías están llevando estos procesos, siendo necesario que las autoridades colombianas definan con la intervención de todos los órganos de control del sistema judicial y de la sociedad civil, para responderle a las víctimas, igualmente el Estado debe garantizar la seguridad a las víctimas y testigos, quienes ya han enfrentado amenazas en el pasado.