Por: Freddy Machado
“Nada más que me estoy llenando de requisitos/y a las 14 ventanas lo voy a mandar”
-Isabel Martínez/German Serna (de los presupuestos para limitar la libertad)
La Fiscalía desde su creación como institución en 1991, ha dado muestras de cierta permeabilidad por la política. Desde luego que en esta frase de introducción -es bueno decirlo- no estamos exagerando pues se sabe de muchos Fiscales Generales, que sin sonrojarse, aspiraron en su momento a la presidencia de Colombia, dejándose llevar por los cantos de sirena de sus aduladores.
En ese entendido, caracterizándose la Rama Judicial por su autonomía e independencia, este tipo de acercamientos, posturas o virajes -así sean mínimos-, desnaturalizan la misión de la administración de justicia.
En estos días, el fantasma de la “política” reaparece permeando al ente acusador. Ello se debe a las reacciones del señor Fiscal General contra una directriz presidencial que ordena la suspensión de las medidas de aseguramiento de algunos miembros de la primera línea. En este caso, se advierte con preocupación que el Fiscal Barbosa, asume que los jueces (coordinadora de centro de servicios de Bogotá) incurre en un delito, desconociendo que existe un marco legal que autoriza y fundamenta tal política pública.
En ese caso particular, si el deseo del Fiscal Barbosa es controvertir al ejecutivo y su visión, se equívoca al instrumentalizar al ente acusador para sus propósitos mediáticos o políticos. Es más: descuida que gobiernos anteriores, sin mayores cuestionamientos, coincidieron con este tipo de apuestas.
Ahora bien, un observador pasivo se podría preguntar ¿qué puede hacer el Fiscal General para mostrar su desacuerdo con el Ejecutivo? A nuestro juicio, el mejor escenario para tales debates son los foros académicos y bien podría el Fiscal Barbosa promover eventos de esas características en los que se discuta la dinámica de los “trámites” que no son de su gusto. Sin embargo, de manera flagrante, el señor Fiscal General ha preferido insinuar con toda su fuerza mediática que desde la justicia se propician actuaciones abiertamente ilegales.
Y, a la Rama Judicial no le conviene, en estos momentos en que el país está tan polarizado, que desde la Fiscalía -que por Constitución hace parte de la Rama Judicial-, se desprestigie a la Justicia y mucho menos que se generen debates sobre la aplicación o vigencia de una ley. En un sistema acusatorio puro, el instituto de la Fiscalía hace parte de la Rama Ejecutiva, y desde esa perspectiva no suelen presentarse choques en la visión institucional de las cosas.
Es necesario -urgente- pensar en reformas tanto sobre los excesos del presidencialismo como sobre si la Fiscalía debe continuar adscrita a la Rama Judicial.
Mientras tanto, podemos concluir que es impresentable asistir al actual escenario de la justicia donde un Fiscal General ha optado por cuestionar a jueces por cumplir directrices del ejecutivo que están amparadas en una ley, solo porque el trámite le disgusta. Máxime cuando Fiscal investiga a jueces y sus señalamientos inciden en el principio más caro de un administrador de justicia: su autonomía e independencia.
