Por: Freddy Machado
Cuando la Dra. Remolina -como Presidente del Consejo Superior de la Judicatura-, con la llegada de la pandemia, tuvo la audacia de liderar la implementación de la justicia virtual para proteger a los servidores y usuarios de la justicia, todos la seguimos. El servicio de justicia no podía “detenerse” y la magistrada mostró su capacidad de alta ejecutiva y gerente. Recuerdo que a esos que mostraron resistencia la Dra Remolina les decía: “La virtualidad llegó para quedarse”.
La verdad es que estábamos -sin saberlo quizás- ante una nueva cultura, una cultura que siempre tuvo resistencia pues desde la expedición del Código General del Proceso ya se había autorizado el uso de las Tics en los procesos.
Esa cultura de la virtualidad se evidencia en la digitalización de los procesos, en el uso de las distintas plataformas, en la inversión en equipos y herramientas tecnológicas, en la dinámica del reparto en línea de procesos y de las ventanas virtuales de atención al público.
Es más, los servidores se desdoblaron en dos escenarios: virtualidad y presencialidad y a eso se le puso un nombre sin gracia: ALTERNANCIA.
Ese avance representa una mejor calidad de vida, mejores resultados estadísticos y mejores posibilidades de acceso a la justicia. Eso resulta innegable. Muy a pesar de todo, la resistencia ha regresado y el liderazgo de esa acción lo tienen las altas cortes.
Primero, el Consejo Superior de la Judicatura se inventó que debía regularse lo ya regulado y se «vinieron» con otro nombre feo: el Teletrabajo. Luego, la Comisión de Disciplina Judicial daba instrucciones precisas a sus dirigidos sobre la necesidad de la presencialidad en esa especialidad.
También la Corte Suprema ha hecho lo propio negando las autorizaciones para teletrabajar y lo que faltaba, ahora la Corte Constitucional acaba de ordenar que en materia penal el juicio debe ser presencial.
La historia nos enseña que los avances siempre tienen resistencia. Seguramente cuando aparecieron los cajeros electrónicos muchos ahorradores debieron escandalizarse ante la “insensatez” de una máquina que despersonalízaba el manejo del dinero. Con los cajeros electrónicos debió reinar la desconfianza pero ahora abundan como los D1 y los Aras.
Todo esto para preguntarnos:¿No se estarán equivocado las altas Cortes con su postura? No era mejor abrir un debate amplio con la participación de todos los actores del proceso penal: jueces, fiscales, magistrados, litigantes, defensores públicos, procuradores, medicina legal, Inpec, usuarios y hasta periodistas…
La justicia nos pertenece a todos y el país judicial, ese que aceptó la cultura de la virtualidad y el llamado de que la tecnología llegó para quedarse, amanece hoy desconcertado con tal retroceso. Después de todo, el tigre no es como lo pintan…
