Nueva estrategia para proteger el medio ambiente y los recursos naturales

Así será la nueva estrategia para proteger el medio ambiente y los recursos naturales

• Con la Interpol se combate el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres, entre otros delitos, a través de la vigilancia cibernética.
• Se crearon nodos regionales de diálogo y un sitio web para atender y apoyar a los líderes ambientales en sus requerimientos, y evitar acciones que arriesguen sus vidas.
• La preocupación por la problemática impulsó la actualización del Código Penal y los delitos. El resultado es la Ley 2111 de 2021 o Ley de Delitos Ambientales.

Bogotá D. C., 6 de diciembre de 2021 -MADS-. En el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C4), el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, y el general Fernando Murillo Orrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, presentaron la Estrategia Institucional de Protección del Capital Natural, que fortalece capacidades en distintos frentes para la integridad de las personas que promueven el uso y la conservación sostenible de los recursos naturales, y que traza nuevas líneas en el marco de la lucha contra las acciones criminales, como la deforestación, actividades que causan un daño devastador a la fauna y flora, especialmente en áreas protegidas.

Para este propósito, que igualmente articula esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación y las principales autoridades ambientales del país, fueron designados 100 policías de Inteligencia e Investigación Criminal, quienes adelantarán procesos orientados a contrarrestar el fenómeno de la deforestación en los Parques Nacionales Naturales. Cincuenta de estos funcionarios se dedicarán exclusivamente a la investigación de delitos medioambientales, 40 a los trabajos de inteligencia y 10 al monitoreo permanente e identificación de la comercialización y tráfico de especies en el campo cibernético.

Sobre este último escenario, el Centro Cibernético Policial y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural reforzaron sus estrategias de ciberpatrullaje para detectar la venta y el tráfico de especies de flora y fauna en la Dark net y Deep web.

Toda la información ubicada en Internet se preserva como evidencia digital para que pueda utilizarse de manera efectiva en los procesos judiciales contra personas u organizaciones criminales dedicadas a la afectación del medio ambiente y los recursos naturales.

Gracias a las denuncias recibidas por la Policía Nacional a través del CAI Virtual, el paso siguiente es la suspensión de las páginas que ofrecen venta de fauna de manera ilegal. A la fecha se han intervenido 56 cuentas, nueve de las cuales fueron bloqueadas y 10 están en proceso de judicialización.

Protección de líderes ambientales

“Con la Policía hemos venido trabajando para tener más presencia en el territorio, desde el Ministerio estamos fortaleciendo la relación interinstitucional, las capacidades tecnológicas, técnicas y humanas. Hoy vimos cómo tenemos una fortaleza en comunicaciones y en monitoreo a través de drones que tienen autonomía de más de 14 kilómetros para monitorear los delitos ambientales. Cien nuevos investigadores estarán tanto en las regiones como aquí en las salas de ciberseguridad monitoreando lo que está sucediendo en el territorio. Y lo más importante: proteger la vida humana, la vida por encima de todo, por eso desde el Ministerio hemos lanzado con la Policía esta estrategia de protección de líderes y de personas que están en el territorio trabajando por la protección del patrimonio natural”, dijo el ministro Carlos Eduardo Correa.

A su turno, el general Murillo Orrego expresó: “Interpol juega un papel importante, estamos conectados con 194 países, lo hacemos desde el centro cibernético para desarrollar operaciones transnacionales. El Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía estamos comprometidos con la protección de líderes ambientales. Seguimos, bajo el liderazgo del señor ministro, trabajando por el bienestar del país”.

El brigadier general Jesús Alejandro Barrera, director de Carabineros y Seguridad Rural sostuvo que “no seríamos nada en este trabajo tan importante que estamos realizando sin la cooperación internacional. Estamos trabajando con diferentes agencias internacionales, con las Naciones Unidas, con la comunidad europea, Interpol, el Gobierno americano, el Gobierno noruego; diferentes países se unen a esta estrategia y la intención es que trabajemos de manera conjunta contra los delitos ambientales”.

Acciones contundentes

En desarrollo de la campaña militar y policial Artemisa, lanzada en abril de 2019, se han efectuado 13 fases operacionales en cinco Parques Nacionales Naturales de Colombia, lo que ha permitido 96 capturas, intervenir 21.700 hectáreas en seis puntos de deforestación, inhabilitar 37 construcciones e incautar 650 semovientes.

Frente a la lucha contra el tráfico de fauna y flora, solo este año se han incautado 5801 aves, 2742 mamíferos, 11.290 reptiles y 285.237 unidades de flora, entre otros resultados, y se han realizado 10 operaciones que han dejado la captura de 58 personas por los delitos de contaminación ambiental, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y daño a los recursos naturales.

Desde 2018 han sido capturadas 19.225 personas inmersas en actividades de daño a los recursos naturales.

Hoy se tienen identificadas 18 personas con órdenes de captura por los delitos de impacto ambiental asociados a invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales, incendio, entre otros.

Hay que destacar que alias Gentil Duarte, Iván Mordisco y John 40, de las disidencias de las extintas Farc, fueron imputados como presuntos responsables de promover delitos de impacto ambiental contra la Amazonía colombiana.

Contexto de los daños devastadores

Los delitos medioambientales han causado un daño profundo a los recursos naturales. Según la más reciente medición del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para el 2020 Colombia registró 171.685 hectáreas de bosque deforestado, por causas asociadas principalmente a la ganadería extensiva, siembra de cultivos de uso ilícito y la extracción ilícita de yacimiento minero. El 63.7 por ciento (109.478 hectáreas) se concentró en la región de la Amazonía, principalmente en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Las especies de flora en peligro crítico por su deforestación para uso doméstico e industrial son el abarco, caoba, comino, chanul y palo de rosa, que son comercializadas de manera ilegal en 18 ciudades de destino identificadas, principalmente Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali, mientras que en el exterior son enviadas a Brasil, Perú, Estados Unidos y China.

Por otra parte, las acciones de las autoridades frente a la explotación ilícita de yacimiento minero tienen un carácter prioritario debido a la afectación que esta actividad genera sobre el medio ambiente y que representa una fuente ilícita de financiamiento. Un dato preocupante en la explotación de fuentes hídricas es que se necesitan cinco gramos de mercurio para producir un gramo de oro; un solo gramo de mercurio podría contaminar hasta 500.000 litros de agua.

El país registra afectación en 281 municipios de 23 departamentos, 169 de ellos como consecuencia de la explotación de oro, seguido del material de arrastre (101) y carbón (38), actividades realizadas en buena parte con maquinaria amarilla y dragas de succión.

Líneas de trabajo priorizadas

El Minambiente, en coordinación con otras entidades priorizó cuatro líneas de trabajo para atender y apoyar a los líderes ambientales. La primera responde a la articulación de entidades de Gobierno como los ministerios de Interior, Ambiente y Defensa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, la Policía, la Unidad Nacional de Protección y la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

La segunda incluye acciones para el reconocimiento y apoyo específico para líderes ambientales en el marco del Conpes de Líderes Sociales; la tercera corresponde a un espacio web que visibilice las buenas prácticas, experiencias significativas e informe sobre rutas de atención para evitar delitos contra los defensores.

La cuarta es una estrategia de prevención de conflictos socioambientales en los Centros de Diálogo Regional asociados a la deforestación y degradación, así como la gestión sostenible de los bosques, en las cinco macrocuencas del país (Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas).

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección de los líderes ambientales. Las labores encabezadas por el Cuerpo Élite de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación han arrojado un avance del 75 por ciento en los procesos investigativos abiertos por casos de homicidio de esta población en Colombia, es decir, en seis de los ocho casos reportados por la ONU entre 2018 y 2020 (dos en 2018, dos en 2019 y cuatro en 2020).

Desde 2019, ese trabajo articulado ha hecho posible la expedición de siete órdenes de captura, de las cuales se han materializado cinco (tres por orden judicial y dos imputaciones).

Adicionalmente, se han registrado dos neutralizaciones a presuntos responsables de la afectación a líderes ambientales, entre ellos alias Bombillo Quemado, señalado integrante del grupo delincuencial organizado Los Pachenca, vinculado al homicidio del líder Alejandro Llinás Suárez, ocurrido en abril de 2020 en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los trabajos contundentes de la Fuerza Pública han sido determinantes para contrarrestar las acciones criminales de tres estructuras que afectan especialmente a líderes ambientales: Clan del Golfo, GAO-r Carolina Ramírez y Los Pachenca.