Por nuestros magistrados inmolados, ni un minuto de silencio
Por: Orlando Díaz Atehortúa
Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 ocurrieron hechos atroces: el asesinato de once magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de decenas de empleados judiciales y ciudadanos, en el Palacio de Justicia, convertido en un dantesco infierno.
Alfonso Reyes Echandía presidía aquella benemérita Corte, la Corte de Oro. Clamó al presidente Belisario Betancur Cuartas, comandante supremo de las Fuerzas Militares, que cesara el fuego. Su ruego aún resuena. Ni el timorato mandatario ni los bravucones mandos militares lo escucharon.
Bombas, granadas, gases, ametrallamientos, tanques de oruga y helicópteros de donde descendían soldados mediante cuerdas; muertos vistos en televisión y escuchados en radio. Luego, el país fue distraído con fútbol. Quisieron ocultar la tragedia, pero no pudieron.
Cuatro hijos de magistrados asesinados —Álvaro Medina Rodríguez, hijo de Ricardo Medina Moyano; Iván Montoya Henao, hijo de Horacio Montoya Gil; Carlos Serrano, hijo de Pedro Elías Serrano, y Elena Urán Bidegain, hija de Carlos Horacio Urán— firmaron una carta pública. Rechazan instrumentalizar la memoria de sus padres: ningún gobierno puede alterar la realidad con decretos, puestos u honores. La memoria no se decreta ni desaparece; es el derecho a conocer la historia.
Cuestionan la proclamación de héroes de la patria para uniformados, incluidos oficiales señalados por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Rechazan el nombramiento del ex coronel Plazas Vega como embajador en Perú, por su vínculo con la retoma, y la imposición de una memoria única. (Flaco servicio se le hace a la democracia al retirar obras del Museo Nacional; menos mal que en Colombia aún hay jueces).
La tragedia dejó vidas ejemplares arrebatadas, familias destrozadas y justicia golpeada. Fabricar héroes para encubrir responsabilidades y desmontar la paz por política es negar la historia. La paz no es consigna partidista: permite que la violencia deje de resolver nuestras diferencias.
Esta carta interpela a miles de funcionarios judiciales que cumplen la Constitución para garantizar justicia. Enfrentan cargas crecientes y falta de personal. Algunos padecen enfermedades físicas y mentales. Urge que el Consejo Superior fortalezca campañas contra el alcoholismo y atienda estrés, angustias y depresiones que cobran vidas. Son pocos, pero crece.
ADENDA. Para 2027, la Rama Judicial solicitó $17,5 billones; el Gobierno asignó $11,4 billones: una brecha de $6,1 billones, cerca del 35 %. La situación es dramática: a agosto de 2026 ingresaron 781.000 tutelas en Colombia.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) sufrió un recorte de $170.000 millones para 2027 que, según su presidencia, compromete seriamente la operación judicial. Así, la justicia para las víctimas y la sociedad queda comprometida. Se suman sedes judiciales afectadas por el reciente terremoto, aún sin solución.
ADENDA DOS. La memoria de magistrados, empleados y ciudadanos del común no merece un minuto de silencio. Merece verdad, justicia e institucionalidad capaz de honrar a sus muertos. Cuando se debilita la justicia y se altera la verdad con honores maquiavélicos y politizados, la democracia comienza a perder su voz.
Orlando Díaz Atehortúa
Columnista
