Procesos judiciales por $1.6 billones afronta Alcaldía de Cartagena

La Jefa de la Oficina Jurídica de la alcaldía de Cartagena, Myrna Martínez, rindió el informe de gestión ante el Concejo distrital informando que, en cuanto a defensa judicial, a corte 15 de mayo, ha recibido 2.398 procesos, de los cuales 853 son por nulidad y restablecimiento de derechos, 472 acciones populares, 468 reparaciones directas, entre otros. El valor total de las pretensiones de todos los procesos es de $1.6 billones.

Agregó en su informe el Observatorio del Conejo de Funcicar que el Distrito ha sido notificado de 176 procesos entre enero y mayo, a su vez, se tienen embargos pendientes de tramites por $29 mil millones en 6 procesos, de los cuales 1 ya fue aplicado por valor de $10.670 millones. En cuanto a sentencias en primera instancia, 43% han fallado en contra y 57% a favor. Luego de un receso de 13 minutos debido a problemas técnicos, Martínez añadió que, en segunda instancia, 36% de los procesos han sido en contra y 64% a favor.

Explicó además que la mayoría de las demandas han sido por no pago de facturas de salud, nulidad del acto administrativo y reclamaciones relativas a prestaciones, pavimentación de calles y falla en el servicio por construcciones sin requisitos.

Martínez también presentó el estado de varios procesos de especial interés de la siguiente manera:

• Casos Aquarela: 1) Existe una acción popular instaurada por MinCultura que busca amparar los derechos colectivos al patrimonio cultural, goce de espacio público, y que se ordene la suspensión del proyecto; el Distrito de Cartagena presentó sus alegatos dentro del término otorgado para tales efectos. 2) Proceso de reparación directa instaurado por la promotora Calle 47 que busca el pago de prejuicios patrimoniales por $51.664.478.293) Proceso de nulidad simple instaurado por Claudia Peralta que busca declarar nulidad sobre las licencias urbanísticas otorgadas por las Curadurías Urbanas 1 y 2; se hará audiencia de pruebas el 14 de julio.
• Por los casos Quiroz hay procesos de reparaciones directas que solicitan la reparación del daño sufrido como víctimas por lesiones personales ocasionadas con el desplome del edificio y de otro lado como familiares de las víctimas fatales. También de un grupo de personas que compraron viviendas a la Constructora Quiroz y que fueron desalojadas con posterioridad al desplome del edificio Blas de Lezo, así como también aquellas que compraron en este último pero que con ocasión al desplome no se les hizo ninguna entrega.
• Sobre el corredor portuario I) Nixon Torres pide la nulidad simple a la Resolución No. 9217 de fecha 16 de diciembre de 2019 mediante la cual el Distrito de Cartagena adjudica el contrato de Concesión para la construcción del corredor portuario. II) reparación directa presentada por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. para el resarcimiento del daño antijurídico causado por el incumplimiento en la suscripción del contrato de concesión adjudicado mediante Resolución 9217 de 16 de noviembre de 2019. III) Acción popular presentada por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. donde solicitan la declaratoria de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.

Martínez argumentó que el Distrito ha recibido 1.348 tutelas, de las cuales 947 fallaron a favor, 173 en contra, 209 están pendiente de fallos y 19 fueron desistidas. Además, señaló que el total de tutelas ha disminuido en comparación a otros años y que en total por estos conceptos se han pagado $58 mil millones.

En cuanto a PQRSD se han recibido 1.724 de estas, de las que 946 son de órganos de control y 778 de ciudadanos, a su vez, se han dado respuesta a 1.624. Sobre solicitudes de propiedad horizontal se han recibido 818 solicitudes, de las que se atendieron 201,  faltando 617.

Seguido, el concejal César Pión (La U) recordó que hay 6 millones de dólares de la empresa Dow Química que aún no han sido ejecutados. También comparó la presentación de la Oficina Jurídica de marzo de 2022 con la actual, demostrando que hay un aumento en los embargos, el cual anteriormente las pretensiones eran de $1.4 billones y ahora es de $1.6 billones.

Agregó que estos embargos, en su mayoría, son por clínicas y hospitales de la ciudad. El concejal cortó su presentación, aludiendo a que el resto de los concejales en el recinto no estaban atendiendo su intervención.

El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) cuestionó que algunos hospitales sean los que se benefician con los embargos y que estas acciones judiciales son presentadas debido a que el Distrito no paga las cuentas por la atención de la población pobre no asegurada. Sugiere hacerle seguimiento a esta «mala gestión» de la Administración.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) hizo saber que la tendencia en la presentación de tutelas está aumentando en el 2022 y solicitó saber las causas por las que se presentan, puesto que tiene conocimiento que estarían relacionadas a vulneraciones en materia laboral.

Para dar respuesta, la funcionaria Martínez, se refirió a Dow Química, y explicó que el título de los recursos aun no ha sido entregado, ya que existe una discusión entre Cardique y la Procuraduría sobre a quién se le debe entregar los recursos y hacer la reparación de la Bahía donde se dio el derrame. Mientras tanto, con el EPA se ha hecho el plan de acción para esta reparación.

Aclaró que 20 procesos judiciales más fueron los que se incrementaron y que corresponden al concepto de nulidad y reparaciones directas. Sobre las deudas del sector salud, señaló que la Oficina Jurídica hace la defensa y apoya en advertir sobre el pago de estos recursos a los hospitales, a su vez, expresó que las deudas que se tienen podrían ser pagadas por el DADIS en el proyecto de punto final que se presentó al Ministerio de Salud.

En cuanto a tutelas, argumentó que el 73,81% de estas corresponden a derechos de petición, las cuales en su mayoría son dirigidas a la Secretaría de Hacienda y al DATT, toda vez que estas dependencias iniciaron tramites de cobro coactivo, lo que elevó los reclamos de la ciudadanía.

A lo anterior, el concejal Mendoza solicitó que la funcionaria envíe un desagregado de a qué dependencia corresponde cada tutela. El concejal Ariza mencionó que todos los derechos de petición que terminan en tutela corresponden a una mala gestión de la Administración por no dar respuesta de forma oportuna.

Por su parte, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) mencionó que, en la presentación de la Unidad Asesora de Contratación, se desconocieron las razones por las que la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) se declaró desierto 3 veces. Barrios hizo saber que de él ser Jefe de la Oficina Jurídica, habría recomendado al Alcalde Dau no contratar el PAE a través de Bolsa Mercantil, ya que no es el modelo de contratación correcto.

También mencionó que se debe revisar la gestión del Comité de Contratación puesto que no está dando resultados y quedan muchos recursos sin ejecutar. A su vez, sugirió que la jefa de la UAC se reúna con la Oficina Jurídica y revisen el pliego del contrato de archivo, pues este parece ser una contratación arreglada. Barrios también pidió conocer cuál será la acción de la Oficina Jurídica frente a un fallo en segunda instancia que ordena al Distro contratar el PAE en menos de 48 horas.

Por otra parte, se refirió al comunicado 992 de la Alcaldía informando sobre la posible moción de censura a la Secretaria de Hacienda, en el cual habría cifras erróneas en cuanto a presupuesto aprobado del IPU y de delineación urbana, resaltando que han sido cifras de recaudo astronómicas, cuando en realidad son normales.

La concejal Gloria Estrada (Liberal) mostró su satisfacción con la decisión del juez que ordena contratar el PAE lo más pronto posible. Por otro lado, cuestionó que los Secretarios de despacho no dan las explicaciones de temas de ciudad cuando son citados al Concejo, sino a través de sus redes sociales.

De igual manera, se refirió a un contrato del DADIS sobre paquetes alimentarios, el cual a pesar de haber recibido múltiples observaciones de los ciudadanos no ha tenido respuesta alguna. También mostró su descontento con la revisión de contratos en la UAC los cuales pueden demorar entre 3 y 4 meses.

El concejal Rafael Meza (Conservador) cuestionó que el contrato de actualización catastral por valor de $26 mil millones se haya delegado a la Secretaría General y de Hacienda e hizo una invitación al Alcalde para apropiarse de estos temas importantes. Explicó además que sobre este tema se hará debate de control político. Por otro lado, señaló que de un año a otro, a algunos funcionarios se les ha elevado su sueldo de forma exagerada.

El concejal Óscar Marín (Conservador) denunció que, Irma Trujillo, funcionaria de la Secretaría de Hacienda, desde que está en el cargo lo ha ejercido desde la ciudad de Bogotá. Resaltó que esta servidora pública ya se encuentra pensionada y tiene otro contrato con la aeronáutica civil de Bogotá, por lo que Marín solicitó que se haga llegar la carpeta de su contrato y sus actividades, toda vez que podría haber detrimento patrimonial.

También, mencionó que se debe atender la solicitud de la Armada Nacional para realizar el pago del impuesto predial por $7 mil millones en el uso de terrenos en Tierra Bomba.

Continuando con el orden del día, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) solicitó que se autorice a la oficina comunal del Concejo para hacer un recorrido en distintos escenarios deportivos y fotografiarlos con el fin de sustentar el debate que se hará al Ider. El concejal Rafael Meza (Conservador) solicitó que también se tome evidencia fotográfica de la sede donde funciona la oficina encargada de hacer la actualización catastral.

Seguido, se aprobaron las siguientes proposiciones

• Proposición presentada por los 19 concejales en la que solicitan información a la Secretaría de Infraestructura sobre el contrato de recuperación de la infraestructura de los puestos de salud en Cartagena.
• Proposición del concejal César Pión (La U) en la que cita a debate de control político a la Secretaría de Planeación, Espacio Público, EPA, Valorización y Edurbe, también se invita Capitán de Puerto, Cardique y gremios para tratar temas de medio ambiente, revitalización de parques, cerro de la popa y su cuidado ambiental, El Laguito, entre otros temas.