Por: Germán Danilo Hernández
La pandemia del Covid 19 pasará a la historia no solamente por su gran poder de letalidad, por haber alterado el esquema de relacionamiento social y por causar desproporcionados estragos económicos en todo el mundo, sino también por haber motivado la creación de una especie de “universo oscuro”, en el que sucumben todos los parámetros éticos, jurídicos, legales y de mercado que habían prevalecido por siglos en las relaciones Estado-sociedad.
La aparición de la vacuna es la mayor esperanza generada por la ciencia para detener el nivel de contagios y disminuir la muerte de personas, que hasta el momento de escribir esta columna se calcula en más de dos millones en el mundo y aproximadamente 56.000 en Colombia, según datos oficiales; pero también representa la aparición de un fenómeno que supera todos los límites aberrantes del llamado capitalismo salvaje.
Si por mucho tiempo se consideró que la industria farmacéutica ejercía un gran poder en muchos países, con marcada incidencia en la economía y la política, por cuenta del Coronavirus se evidencia que sus capacidades de dominación trascienden fronteras inimaginables en todos los planos y que su posibilidad de suministrar la anhelada vacuna tiene un precio demasiado elevado desde la perspectiva de la legalidad y la moralidad.
En alianzas o contubernios con gobiernos de diferentes ideologías, las grandes farmacéuticas del mundo privilegian a naciones poderosas, algunas de las cuales aseguraron reservas de inmunización hasta para una próxima pandemia, mientras que otras ven la llegada de la vacuna tan lejos como su propio desarrollo. Esa ausencia de equilibrio en la preservación de la vida humana no es novedosa, pero sí los mecanismos definidos y concertados para negociar la inoculación masiva.
Bajo el amparo de la palabra mágica “confidencialidad”, las transacciones entre gobiernos y la industria farmacéutica sepultaron normas, principios y valores que sobrevivían para el ejercicio de controles legales y sociales, en procura de garantizar transparencia y controlar la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
En países como Colombia, considerado por muchos como paraíso de la corrupción, todo lo relacionado con la compra de las vacunas es un misterio insondable, a pesar de una inversión pública del orden de dos billones de pesos. Se oculta inclusive la verdad sobre la firma o no de contratos con una farmacéutica, que se habría anunciado sin existir.
Mucho se especula con sobrecostos pagados con relación a otros países, sobre comisiones, cantidades de vacunas destinadas a comercialización privada, con dificultades logísticas y existencias de garantías negadas por las diferentes marcas, pero el gobierno se escuda en que la violación de la “confidencialidad” impediría que la vacuna llegue al país.
Mientras buena parte de los habitantes del planeta espera los beneficios de la vacuna, unos cuantos poderosos de diferentes latitudes quedaron anticipadamente inmunizados ante posibles acciones investigativas y sancionatorias por posibles desafueros en unas negociaciones que se advierten mucho más rentables que actividades petroleras, el tráfico ilegal de armas, o el narcotráfico.
Así las cosas, de triunfar plenamente la “confidencialidad” como fórmula para inmunizar el mercado farmacéutico universal, no sería de extrañar la pronta aparición de nuevas pandemias, que reactiven la coexistencia de ese universo oscuro del poder, la economía y la política, al que le dio vida el Covid.