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Acuerdos, desacuerdos y plan de datos…

Por: Freddy Machado.

El Acuerdo 11739 de 2021 y las molestias de abogados, usuarios y servidores, se debe entender en su estricto contexto.

Las altas cortes, desde siempre, se les ha autorizado esta prerrogativa, al igual que a otros altos dignatarios del Estado. Sin embargo, atendiendo la coyuntura de la creación de una nueva Corte, se hacía necesario, extender esa facultad a la Comisión de Disciplina Judicial.

Lo malo es que además de reconocer tal derecho, se actualizó el monto de esos gastos en la suma de $213.000..oo y no era el momento más adecuado, pues por lo extenso de la pandemia, se ha solicitado austeridad a los ciudadanos y se nos enviaba un mensaje equivocado.

Lo cierto es que los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que por lo general siempre producen “desacuerdos”, esta vez no son la excepción, porque las bases judiciales se indignaron y mostraron su molestia sorda.

El país no se imagina la cuota de sacrificio de los servidores de la Rama Judicial. Desde Marzo de 2020 hasta ahora, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de Justicia, los empleados se han llevado, literalmente, las oficinas para sus casas, y muchos han tenido que asumir la compra de modernos computadores, escritorios, escaner, mejores planes de internet y asumir el incremento de los servicios públicos.

Pero, una cosa es el sentido de pertenencia, el compromiso y la vocación de servicio, y otra, la obligación exclusiva que tiene el empleador de suministrar las herramientas de trabajo.

Y, durante todo este tiempo de pandemia, no se ha escuchado por parte del Consejo Superior de la Judicatura, un reconocimiento o un mensaje de estímulo a su talento humano, por su excelente capacidad de respuesta ante tan adversas circunstancias.

Es más, para neutralizar la excesiva carga de una anormalidad tan estresante, se les solicitó que en el 2020 el alivio debía consistir en exonerar a los judiciales de las estadística, pero la respuesta obtenida es que tal contabilización es obligatoria.

Por ello, notificados por la Prensa de los planes de internet para los Magistrados de las altas Cortes y su nuevo cupo, todos elevamos el grito en el cielo.

Es que no es hora de publicitar privilegios, justo cuando los que menos ganan asumen mayores cargas y sacrificios.

Seguramente, con los días, el incidente dejará de ser noticia pues es cuestión del momento y del contexto. Pero en la Rama Judicial, por menos, han estallado extensas protestas y hasta en Twiter se armó la de Troya.

En las redes el incidente resultó un pretexto para criticar las cuestionables actuaciones de la @judicatura, entre otras, el caos y la indefinición de los concursos de mérito, el contrasentido de los centros de servicios y la no vigilancia del cumplimiento de los acuerdos respecto los aforos en los Palacios de Justicia y edificios judiciales.

No debemos olvidar que el “chicharrón” de la digitalización se le ha dejado a los servidores judiciales y, en vez de generar estímulos para los grandes sacrificados, se nos recuerda que primero se debe atender a las altas Cortes.

La gran enseñanza para el Consejo Superior con ocasión a la reacción de abogados, usuarios y servidores, es que todos los ojos están puestos en su gerencia, muy atentos a su gestión y a la espera de la optimización del servicio de justicia.

Es deber de la judicatura asumir que su gerencia tiene que concentrarse en velar por todos los servidores de la Rama Judicial sin excepción e interesarse por un mejor servicio en favor de los usuarios.

La lección del equilibrio de poderes está vigente. Las bases judiciales no protestaron ante la suerte adversa del ente Superior. Es cuestión de empatía y de no descuidar a todos los protagonistas de su gestión, especialmente a los juzgados de las provincias más olvidadas.