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Concejales de Cartagena molestos porque no hay plata para terminar centros de salud inconclusos

Concejo indignado por la falta de presupuesto para terminar Centros de Salud

 

Luego del debate realizado para conocer el estado actual de las construcciones de los Hospitales, Centros de Atención Permanente (CAP) y de las Unidades de Intervención Primaria (UPA), los cabildantes mostraron su indignación por el sufrimiento que ha padecido la comunidad debido a los malos manejos y a los atrasos en la construcción de dichos centros asistenciales.

 

El concejal, Rafael Meza Pérez, citante del debate, afirmó que la gran preocupación es que después de dos años y medio de este gobierno la situación de los hospitales en Cartagena es grave, pero la de los corregimientos es peor.

 

“Los corregimientos han sido abandonados por muchos gobiernos, los contratistas no han cumplido y no quiero ser cómplice permisivo. La idea es que nos llevemos una idea concisa de cuándo van a entregar estos hospitales a la comunidad”, dijo Meza Pérez.

 

Por su parte, el concejal, Javier Curi Osorio, resaltó el hecho de que este proyecto de infraestructura no es de esos que carecen de financiación debido a que contó con la aprobación de 94 mil millones de pesos.

 

 

Habla el Dadis

 

En su intervención, la directora del Dadis, Adriana Meza Yépez, sostuvo que en el documento técnico, donde se dimensionan las necesidades de cada puesto de salud, se evidencia la falta de diseños estructurales,, que los recursos, los 94 mil millones de pesos para los 39 puestos de salud, no eran suficientes.

 

 

“En el 2015, sin comenzar las construcciones, al darse cuenta que los recursos no alcanzan, se priorizaron 25 centros de salud en su mayoría de los corregimientos, y en donde actualmente tenemos el mayor problema porque no se han podido apropiar los recursos”, señaló Meza Yépez.

 

 

 

La funcionaria distrital realizó, en una línea de tiempo, un recuento desde los estudios previos hasta la ejecución de los centros de salud donde concluyó que se deben buscar los recursos para terminar estos proyectos y entregárselos a la comunidad que tanto los necesita.

 

 

En la misma medida, la asesora de la interventoría, Claudia Orjuela, complementó la información de los contratos, evidenciando las fallas en los diseños prototipos por la falta de estudios específicos en cada centro de salud.

 

 

“Al hacer los estudios topográficos se dieron cuenta de que no había el espacio necesario para lo que se requería, y en lo que se iban hacer adecuaciones, tocó tumbar y reconstruir. Esto hizo que se le hicieran ajustes a los diseños y a los presupuestos a la hora de implantarlos”, puntualizó Orjuela.

 

 

“Cuentas claras”: Toncel

 

 

Por su parte, El presidente del Concejo, Wilson Toncel Ochoa, solicitó a la interventoría que diga con certeza cuánto es el esfuerzo financiero que le hace falta hacer al Distrito, aparte del crédito aprobado en el 2014, el cual supuestamente iba a ser suficiente para terminar las obras y dotarlas.

 

 

La asesora de la interventoría, terminó su intervención con un resumen económico que refleja lo que hace falta para terminar cada uno de los centros de salud. En balance general son: 13 mil millones de pesos (obras priorizadas grupo 1 y 2) más los 22 mil millones en una incorporación que se encuentra en estudio actualmente en el Concejo Distrital (proyectos de mayor tamaño, hospitales, grupos 1, 3 y 4) y 40 mil millones de pesos adicionales.

 

Ciudadanos inscritos

 

Luis Mosquera, representante de la comunidad de Foco Rojo, aseguró que el proceso de licitación no fue claro y la administración no tuvo un plan de contingencia para atender a los usuarios mientras entregan las obras. “Las obras no se han arrancado, y estoy seguro que se dio el anticipo, donde están esos recursos?. El plan de contingencia no existe, y entonces qué se hizo con la plata de los arriendos donde ahora operan los centros de salud y nadie se pronuncia”, aseguró Mosquera.

 

A su vez, Neydilia Garcés, del Barrio Daniel Lemaitre, le solicitó a los concejales que se haga un estudio de los recursos que hacen falta para terminar todos los centros de salud.

 

 

Por su parte, Ana Díaz, líder de Punta Arena, agradeció a los cabildantes por este espacio para actualizar la información sobre esta problemática y pidió mayor atención a la zona insular donde la aplicación es más compleja por la falta de todo y puntualizó: “Ahora no tenemos ni dónde ponernos una inyección, tenemos que venir a Cartagena para cualquier cosa y los pasajes son caros, no entiendo de dónde sacan las cifras que presentaron acá porque en Punta Arena solo demolieron el puesto de salud”.

 

 

Después de escuchar a los ciudadanos, el concejal Javier Curi recalcó que la fuente de todos los problemas que nos tiene en esta situación fueron los diseños.

 

“Cómo es posible que esto se haya adelantado sin estudios previos, cuando la ley lo exige. Cómo es posible que los estudios previos no mostraran lo que hoy nos dice la interventoría. Ahí es donde yo pienso si no se debió liquidar esos contrato en su momento, quién sabe si tuviéramos unos mejores resultados”, precisó Curi Osorio.

 

En el mismo sentido, el concejal César Pión González manifestó que las intenciones del Concejo son reafirmar su control político para que las cosas se materialicen.

 

“En este proyecto de incorporación que se presenta, le pedimos a la Secretaria de Hacienda que le solicitara a las dependencias, de acuerdo a su competencia, que nos entregaran de una manera clara una certificación de cómo van a ser la inversiones de estos recursos, porque si bien sabemos cuál es la urgencia en salud también sabemos que por omisión esta corporación puede privar el desarrollo de la salvación de la prestación del servicio de salud a un segmento de la población”, aseveró Pión González.

 

Habla el Personero

 

El personero Distrital de Cartagena, William Matson, afirmó que han venido realizando unos actos preventivos para analizar la contratación en y la prestación del servicio en Cartagena y ratificó que la personería viene desarrollando procesos disciplinarios de los cuales no puede especificar porque legalmente no lo tiene permitido.