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Concejales proponen moción de censura a secretarios de Planeación y General y Alcalde Local 1

 A través de una proposición presentada durante la sesión de hoy, los concejales solicitaron una moción de censura para los funcionarios públicos que no asistieron al debate programado sobre el proyecto de protección costera:, ellos son: Irving Pérez, secretario de Planeación Distrital, Jhony Ordosgoitia, secretario General de la  Alcaldía y Carlos Mieles, alcalde Local 1.
Los cabildantes se mostraron inconformes con la excusa presentada por Irving Pérez, de tal manera que mediante votación nominal no fue aceptada. Por su parte, Ordosgoitia, y Mieles, no enviaron las respectivas excusas por su ausencia en la plenaria.
La proposición está basada en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,  modificado por el Artículo sexto del acto legislativo No. 01 del 2007, que consagra la aplicación jurídica de la moción de censura.
Además, con el objetivo de desarrollar un análisis profundo donde participen todos los actores relacionados, los concejales decidieron aplazar el debate sobre Protección Costera que estaba previsto para el día de hoy.
La propuesta del aplazamiento fue expresada por David Dáger Lequerica, y apoyada por los concejales César Pión González, Lewis Montero Polo, y los concejales citantes Rodrigo Reyes Pereira, y Javier Curi Osorio.
“El fenómeno del encargo le está haciendo daño a la ciudad. Tenemos más de 20 años de estar tratando de desarrollar, implementar y construir, la anhelada vía del Bicentenario, como se le llamó en algún momento, y ahora de Protección  Costera, pero el gobierno actual, que no goza de legitimidad, quiere tomar la dirección de un proyecto de la ciudad”, indicó Dáger Lequerica.
El cabildante manifestó, además, que al parecer, desean declarar emergencia de calamidad pública en la zona de Bocagrande, con el fin de que la Unidad Nacional del Riesgo asuma la dirección del macro proyecto de protección costera: “Lo que he leído de las respuestas que mandó la Secretaría de Planeación, entiendo que con la Dirección Nacional del Riesgo, quieren declarar en emergencia de calamidad pública. Y con esa declaratoria, entregarles los 60 mil millones de pesos del crédito solicitado, y que sean ellos quienes asuman la responsabilidad de desarrollar y ejecutar la obra. Aquí estamos jugando a otras cosas, por eso no viene el secretario. Quieren declarar una emergencia que no existe. ¿Dónde está la calamidad?”.
Participación de los vendedores informales de las playas
A pesar de que no se realizó el debate sobre protección costera, los representantes de distintas agremiaciones y asociaciones de vendedores ambulantes de las playas,  en sesión informal, tuvieron la oportunidad de dar a conocer su preocupación frente a los perjuicios que podría traer parra ellos este macro proyecto; y uno de los aspectos que tienen en común, es el desconocimiento de las etapas del mismo.
Guillermo Padal, representante del Sindicato de Carperos y Salvavidas “Los delfines”, exigió la explicación del plan social del proyecto, y el respeto por los derechos laborales. A su vez, Enrique Cabarcas, expresó que siente incertidumbre por lo que sucederá con los empleos informales.
 Antonio Cantillo, de la Unión de Trabajadores Democráticos de Bolívar, aseguró que “es un problema de necesidad de la ciudad, porque somos hombres y mujeres que laboramos allí. Este proyecto no lo conocen los sindicales. Solo están haciendo un censo con unas condiciones con las que no estamos de acuerdo. Ninguno se opone para la realización, sino que se haga de manera transparente, beneficiando también a quienes trabajamos en las playas”.
 Finalmente, Yamid Casa Rubio, de la Asociación de Vendedores de Raspaos, exigió respeto y valor para su gremio, para que no se sigan vulnerando sus derechos.
 Los concejales Luis Cassiani Valiente, Javier Curi Osorio, Duvinia Torres Cohen, y César Pión González, agradecieron a los representantes de las agremiaciones por su participación en la sesión informal, y les brindaron su apoyo frente a la situación presentada. Así mismo, exigieron a las entidades pertinentes, iniciar un proceso de socialización del proyecto con el fin de que se den a conocer los contenidos sociales del mismo.
Situación de los vigilantes del Distrito
Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo Distrital, manifestó su preocupación por la incertidumbre de la situación de los vigilantes de las instituciones educativas, que aún persiste: “El Alcalde hizo un convenio con ellos. Les pidió que siguieran laborando porque les iban a reconocer 500 mil pesos como bonificación, e iban a ser los primeros en llamar para firmar contrato. Tengo entendido que no  les pagaron ese monto. Además, la alcaldía hizo una convocatoria la que participaron más de 600 personas, y estuvieron recibiendo hojas de vida. Considero que no se debe jugar con la ilusión de una familia. Quienes deben tener prioridad en la contratación son las personas que vienen laborando”.
Proposición para crear el proceso urbano de paz
El concejal César Pión González, y la bancada de la U  presentaron un proyecto de acuerdo en la Corporación, que busca la creación de un proceso urbano de paz y la designación de un coordinador quien compilará los estudios efectuados a través de la historia, y solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la presidencia de la República, el apoyo necesario para el replanteamiento y fortalecimiento de las acciones tendientes a la recuperación integral del joven en riesgo y jóvenes vinculados a grupos de violencia para que sean incluidos con respuestas claras y los proyecten como personas útiles que aporten a la sociedad.